2011-09-16 00
Como manizaleño, como ciudadano y como testigo de lo que la ciudad le ha dado a la Central Hidroeléctrica de Caldas, me duele inmensamente que se haya roto un convenio de lealtad y compensación que regía por años, donde el municipio -forjador y gestor de la empresa- se beneficiaba del servicio de energía, a cambio de ofrecerle usuarios, espacios físicos y territorio para que pudiera operar.
Pero hoy las cosas son diferentes: por el reciente fallo del Consejo de Estado, se nos obliga a los manizaleños a pagarle a la Chec una millonaria suma mensual que afecta nuestras finanzas y las inversiones en otros campos que requieren de recursos para garantizarnos calidad de vida.
Aduce la Chec que, por ser una empresa de economía mixta y de carácter público, le es imposible hacer algún tipo de donación y que ese cobro es imperioso y obligatorio. Y nace entonces la pregunta: ¿para eso sí es pública la empresa y para eso sí tiene impedimentos estatutarios, pero para las contrataciones amañadas y perpetuas sí se rige por el derecho privado? ¿Estaremos asistiendo a un escenario más donde la doble moral y la interpretación subjetiva de las normas, nos causa un perjuicio económico en cuantías incalculables?
¡No! Voy a citar solo un caso en el cual la Chec se arroga la potestad de contratar a perpetuidad, violando los cánones de la selección objetiva, transparencia y responsabilidad que la ley le ordena, y que, por el contrario, direcciona su decisión a favor de un solo beneficiario. El contrato es el No. 039.08 celebrado entre la Chec e Inmel S.A. para análisis, levantamientos, y diseños del sistema de distribución de media y baja tensión de la zona atendida por la Chec, por un valor inicial de $619.436.214 en abril de 2008, y "prorrogado" perpetuamente con incrementos en el valor y en el tiempo en cuantías ilegales, ilógicas y acomodadas.
Para la Junta Directiva de la Chec este tipo de contratos es natural y se ajusta a las normas, en tratándose de una empresa que se rige por el derecho privado. Y entonces repito la pregunta: ¿para contratar sí se rige por el derecho privado, pero para tener algún tipo de compensación con el municipio que le dio la vida sí se rige por el derecho público?
Y vuelve y juega aquí la parcialidad de la Corporación Cívica de Caldas. Conocedora de la forma como se contrata ilegalmente en la Chec, ¿por qué ha guardado silencio? Pues porque su expresidenta, María Cristina López de Saffón -hoy gerente de campaña de Héctor Jaime Pinilla- es la esposa de Gilberto Saffón Arango, miembro de la Junta Directiva de la Hidroeléctrica. Y entonces allí sí es lícito hacer y deshacer sin el riesgo de obtener algún tipo de control o supervisión que genere al menos un escándalo mediático. ¡Qué tal!
Pero ahí no queda todo. Por negligencia de la Chec, se dejaron vencer los términos para interponer la acción de reparación directa ante el Gobierno Nacional que le representaba a la entidad, a pesos de hoy, recursos por más de trescientos mil millones de pesos, (¡Trescientos Mil Millones de Pesos!) provenientes del reconocimiento y pago del faltante de los subsidios otorgados a los usuarios del servicio público de energía eléctrica. ¿Y qué ha dicho la CCC? ¡Pues qué va a decir, si para sus ojos esta entidad es impoluta!
Hay que poner una voz de alerta sobre las contrataciones en la Chec. Los órganos de control tienen una altísima responsabilidad por la negligencia con la que actúan estas empresas, cuyo poderío supera los mandatos legales. Quisiera saber cuál es el concepto de la CCC y si en este caso se atreve a censurar tan ligera y crudamente las actuaciones de quienes manejan los recursos públicos.
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Se me ocurre que, ahora que se nos obliga a pagar por el servicio de alumbrado público, y se ha roto el pacto amigable que se tenía entre la Chec y el Municipio de Manizales, deberíamos entrar a cobrarle a esa empresa por la utilización de espacios y bienes del municipio que se sostienen y existen gracias a los impuestos pagados por todos los habitantes. Tal vez nos quedarían algunos remanentes. ¿Será que ese infortunado fallo del Consejo de Estado, se nos puede revertir en una oportunidad de ganancia? ¡Ahí queda la inquietud!
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Como a algunos comunicadores de la ciudad les duele tanto mi supuesta contratación con entidades del Estado, les sugiero documentarse un poco antes de expeler su veneno. Les aclaro que, aunque sería una actividad lícita, no tengo contratación alguna con el municipio, el departamento ni sus entidades descentralizadas. Renuncié a ello desde hace muchos meses para, precisamente, acabar con el argumento baladí de que tenía comprometidas mis opiniones o que mi criterio se encontraba parcializado. Pero, en aras de la contundencia, reto a Héctor Jaime Pinilla a que si me demuestra que, como él dice, me nutro de mis contrataciones con los entes del Estado y mi criterio se encuentra hipotecado, yo renuncio a la prensa, la radio y la televisión de por vida. Pero si, por el contrario, no logra demostrar lo que dice, renuncie él a su candidatura, pues Manizales no se merece siquiera que se albergue la lejana posibilidad de ser gobernada por alguien tan irresponsable.
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